Rotación de auditores

-- Posted: 16/07/2013 -- By: Sándor Darvas -- Comments: 0

El diario Financial Times nos daba el día 9 de julio de 2013 una interesante noticia: el Congreso americano ha bloqueado una iniciativa avalada por el US Public Company Accounting Oversight Board (equivalente al ICAC) para legislar la rotación obligatoria de los auditores en las empresas.

En España el artículo 8.4 de la Ley de Auditoría de Cuentas impone la “la rotación del auditor de cuentas responsable del trabajo y de la totalidad de los miembros del equipo de auditoría, debiendo transcurrir en todo caso un plazo de tres años para que dichas personas puedan volver a auditar a la entidad correspondiente”.

Existe por lo tanto una percepción acerca de la falta de independencia del auditor “perpetuo”.  Obviamente, los auditores alegan que no existen pruebas de que la rotación obligatoria incremente la calidad de la auditoría (aunque existen estudios en sentido contrario).

Lógicamente, nuestra conducta no debería verse afectada por incentivos económicos.  Sin embargo, en la valoración moral de nuestros actos estos incentivos juegan un papel importante nublando nuestro juicio.  Estamos cegados por nuestras motivaciones, y no es lo mismo perder un cliente con un horizonte temporal limitado que perder un cliente al que podríamos acompañar hasta nuestra jubilación (a partir de allí creo que ya no nos interesa).  No es necesario ser un auditor corrupto para actuar en contra de los intereses de tu cliente y considerar que has actuado correctamente: es un juego de incentivos mal estructurados.

En nuestro país tenemos el ejemplo reciente del colapso de Pescanova.  La auditora BDO fue nombrada en el año 2002 sustituyendo a Ernst&Young.  En el período de doce años en los que EY había auditado a Pescanova había emitido diez informes con salvedades.  A partir del año 2002 el informe de auditoría con salvedades se convierte en un informe “limpio” (así se denomina).  En el ejercicio 2011 los honorarios devengados por la auditora BDO ascendían a 749.000 Euros.

El legislador haría un favor a las empresas auditoras si impusiese la obligación de rotación de los auditores.